Un nuevo y aberrante caso salió a luz en el penal de Villa Urquiza. Un preso denunció que fue golpeado por los guardiacárceles y que hasta habría sido abusado sexualmente por un compañero de encierro al no haber aceptado comercializar la droga que -dijo- le entregaban personal del Servicio Penitenciario.

El hecho fue denunciado ayer en la Corte Suprema de la Justicia para que investigue las actuaciones realizada para esclarecer el hecho. Gustavo Morales, defensor del recluso, adelantó que se presentará ante el fiscal federal para que lo cite a declarar en el marco de la investigación que desarrolla por la venta de drogas en el penal y solicitará además que ingrese lo más rápido posible en el Programa Nacional de Testigos.

Según el profesional, el interno, cuyo nombre se mantiene en reserva, hace más un mes había recibido el ofrecimiento de comercializar cocaína, pastillas y marihuana a cambio de dinero y de “mejorarle la carpeta”, es decir, poner en su planilla de antecedentes que tenía buena conducta para que recibiera beneficios como estar en un lugar más tranquilo o acceder a salidas transitorias, entre otros.

Como el recluso se negó al pedido -siempre de acuerdo a la denuncia-, fue castigado primero enviándolo a la unidad de Máxima Seguridad por una supuesta falta disciplinaria. “Fue golpeado salvajemente por el personal y hasta tuvo que utilizar silla de ruedas para poder movilizarse durante bastante tiempo. Aprovechándose de su situación, fue abusado por un tal ‘Bicicleta’. Los guardias no hicieron nada para impedir el brutal ataque”, explicó el defensor.

Morales dijo que el interno fue visitado por la secretaria del juzgado de Ejecución de Sentencia, María Nazaret Rodríguez Ponce de León. Él, según el relato del detenido, le había explicado por qué se encontraba en una silla de ruedas y que por eso había sufrido el ataque sexual. Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron a LA GACETA que hasta ayer a la mañana la fiscalía especializada en Delitos Sexuales no había recibido ninguna denuncia para investigar el caso.

“Según lo que me comenta mí defendido, la funcionaria judicial filmó la entrevista. Si bien es cierto que es una cuestión ilegal, quiero que la presente como prueba. Sería muy interesante determinar por qué no pidió que se investigue si fue abusado o no. Ni siquiera se le habrían realizado los estudios de rigor”, destacó Morales en una entrevista con LA GACETA.

Sí se supo que Lourdes Bascary, responsable de la oficina de Derechos Humanos de la Corte, después de haber recibido una denuncia telefónica por parte de la víctima, le pidió al defensor oficial que se reúna con él. “Su defendido manifestó que tiene lesiones provocadas por personal del Servicio Penitenciario y que se necesita ser revisado de manera urgente. Atento a la gravedad del asunto, le solicito que considere visitar a su defendido a la brevedad”, se puede leer en la nota.

Sin embargo, hasta el momento no se conocieron los resultados de la gestión que debería haber realizado el defensor oficial.

En la Justicia Federal

Morales también adelantó que ya comunicó verbalmente que sea citado a declarar por el fiscal Camuña y que hoy lo hará por escrito. “Este no es un hecho aislado, sino que está estrechamente vinculado con lo que ocurre en el penal”, explicó Morales.

Una fuente de la Justicia Federal confirmó la existencia de la denuncia, pero prefirió no brindar mayores detalles para preservar la integridad del recluso. También destacó que ya se tomaron varias medidas, pero que no podía informar de qué tipo porque entorpecerían la investigación.

Similitudes

Este sería el cuarto caso de internos de Villa Urquiza que denunciaron haber sido torturados por el personal de Institutos Penales por no haber aceptado vender las drogas que les entregaban. El primero y más polémico fue el de Sebastián Medina. Él contó detalles del negocio y fue asesinado tres meses después por otro interno.

La fiscala Adriana Giannoni investigó el caso y descubrió que el homicidio podría estar vinculado al tráfico de sustancias ilegales dentro del penal. Con el correr de los días estableció que la víctima había sido trasladada ilegalmente a la cárcel por lo que decidió imputar a varios miembros del servicio penitenciario.

Estos, al declarar, negaron la acusación en su contra y dijeron que la secretaria Rodríguez Ponce de León estaba al tanto de la situación y que ella había dado la autorización del traslado. La funcionaria judicial, la misma que actuó en el caso del supuesto abuso que sufrió el recluso, también fue interrogada al respecto y negó esa versión.

“Esa es una de las principales razones por la que solicitamos el traslado transitorio de la secretaria a otro lugar. Hasta que se aclare la situación ella no debería estar ocupando ese cargo”, planteó Morales.

Cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad, en enero pasado, los reclusos Gonzalo Giri y Atanacio Ledesma denunciaron haber sido torturados por haber declarado en la Justicia Federal que se negaron a vender drogas que les proporcionaban los guardiacárceles. Por esa razón, por pedido del fiscal Camuña, con el apoyo del juez federal Daniel Bejas, deberían haber estado protegidos.

Sin embargo, el 18 de mayo, después de haber ampliado su denuncia en la Justicia, volvieron a ser agredidos. Fueron trasladados del penal y ahora esperan ser incorporados en el Programa Nacional de Protección de Testigos.